La JEC conformada por ocho magistrados de las Salas del Supremo elegidos por sorteo además de los cinco catedráticos han decidido, en medio de todo un revuelo dentro de la política catalana, retirar la credencial a Quim Torra como diputado autonómico.

La resolución tomada, con una cerrada votación de siete contra seis, conlleva una serie de efectos que aún no dejan claro su situación como presidente de la Generalitat.

Hechos que terminan en condena

A partir del 11 de marzo comienzan los hechos que terminaros con la inhabilitación de Torra por 18 meses para ejercer cargos públicos local, autonómico, estatal ni europeo, además de una multa de 30.000 euros y el pago de las costes del proceso. Las acciones realizadas fueron la que terminaron por convertir al Tribunal Supremo de Justicia en el cerrajero del desempeño de las funciones del President.

En esa fecha y durante la campaña electoral la Junta Electoral Central, le ordenó al president retirar en un lapso de 48 horas las banderas esteladas y lazos amarillos que se encontraban en gran cantidad de edificios públicos de la Generalit.

Torra solicitó volver a considerar la decisión a pesar de ser “conocedor y plenamente consciente del carácter imperativo e inexorable” de la orden. La JEC se pronunció de nuevo el 18 de marzo reiterando el mandato y acortando el plazo a 24 horas.

Elsa Artadi, quien en portavoz del Govern, hizo del conocimiento público la negativa del presidente catalán a remover dichos símbolos. La Delegación del Gobierno en Cataluña envió informes e imágenes realizados por la policía donde se comprueba la permanencia de las mencionadas banderas y lazos en el Palau y otras dependencias de la Generalitat, una vez expirado el plazo dado por la entidad.

Por último el 21 de marzo los Mossos dʹEsquadra, cumpliendo con la orden emitida por la JEC a Miquel Buch, retiraron los símbolos independentistas.

El 18 de noviembre durante el juicio, Torra reconoció haber desobedecido a la JEC, argumentando que la ilegalidad de la orden por cuanto él no reconoce la autoridad de la Junta Electoral Central.

El Tribunal Supremo rechazó el razonamiento e indicó que Torra expresó una “contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia” en cuanto a obedecer un mandato “conforme a la legalidad” de un organismo “investido de autoridad”.

No acatar la orden por parte de Torra son las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dictaminar la consabida inhabilitación por desobediencia.

Repercusiones después de la sentencia

El impacto político que ha tenido la decisión de inhabilitar a Torra se suma a otros hechos que todavía se evalúan. El líder de la Esquerra Republicana Catalunya que además apoya al President, y fuera encarcelado por sedición indicó que “es necesario preservar siempre las instituciones catalanas”.

Por otra parte fuentes del Departament de Presidència de la Generalitat expresaron que el Estatut no estima que la pérdida de la condición de diputado necesariamente conlleve a la pérdida de la condición de presidente.

La Asamblea Nacional ha realizado llamados a concentrarse, bajo el lema “solo el Parlamento de Cataluña elige a nuestro presidente”.

Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural, ha lamentado que “los poderes del Estado solo entienden el lenguaje de la represión” además de expresar en la red social Twitter: “Ante este ataque sin precedentes, que dinamita los fundamentos de la democracia, hará falta una reacción unitaria desde las instituciones y desde la calle. A tu lado, presidente Quim Torra”.